Caso Alondra ¿Quién es el culpable?

 
El día 16 de abril es una fecha que seguramente, la joven  Alondra Luna Núñez, de 14 años de edad, no querrá recordar en mucho tiempo. Un día negro, en donde hubo más preguntas que respuestas para  Alondra.
 
 
¿Qué sucedía por su cabeza en el momento en que fue sustraída abrupta y violentamente de su escuela, la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Guanajuato, por agentes de la Policía Federal? ¿A dónde la llevaban? ¿Por qué a ella?
 
La razón: una mujer estadounidense de nombre Dorotea García la reclamaba como su hija desaparecida, sustraída de Estados Unidos y traída a México por su padre hace 8 años.
 
 
Y es precisamente hace 8 años, en el año 2007, cuando inicia esta historia. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió por aquellos ayeres, una solicitud de repatriación de una niña, de nombre Alondra Díaz (si, leyó usted bien, Díaz y no Luna) buscada por su madre que residía en Estados Unidos.
 
Se presumía que la niña se encontraba en Tacátzcuaro, Michoacán por lo que el expediente fue enviado al Tribunal Superior de este estado. En marzo de 2015, la SRE informó que la señora Dorotea había viajado en marzo del presente año a Guanajuato y había identificado a su supuesta hija.
 
De acuerdo a lo establecido por la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, y la SRE, la juez federal a cargo del caso en Michoacán, Cinthia Elodia Mercado, dio la orden para que la Interpol (International Criminal Police Organization) interfiriera para llevarse a la niña y verificar la procedencia de su “regreso” a Estados Unidos.
 
 
La Procuraduría General de la República (PGR) procede entonces, con  base en la orden de la juez federal, a cumplir la orden de la Interpol para sacar a la niña de México y  entregarla con su supuesta madre en Houston, Texas.
 
Estando en Houston, la Cancillería mexicana en esta ciudad, solicita que la menor de edad se someta a una prueba de ADN para comprobar la veracidad de su parentesco con Dorotea García. Las pruebas fueron contundentes. Se había cometido un error. Alondra  fue sustraida de su verdadera familia para ser entregada a una completa desconocida.
 
Finalmente, el miércoles 22 de abril, la joven fue entregada a su familia en Guanajuato despúés de 7 días, tras confirmar que las pruebas de ADN resultaron negativas.
 
 
Hasta ahora, todo mundo guarda silencio. ¿Quién es el culpable? No es uno, sino varios los involucrados que cometieron un error evidente.
 
Empecemos desde el principio. ¿Cómo permitieron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la juez Elodia Mercado que una menor de edad fuera sustraída del país si no se había confirmado su identidad?
 
Alondra fue mandada deliberdadamente y sin protocolos necesarios a Estados Unidos sin habérsele realizado antes una prueba de ADN en México, que hubiera evitado el sufrimiento causado a la niña y a los padres, además de todo el embrollo y la confusión por parte de ambos gobiernos.
 
Este caso ,incluso, llega a rayar en lo absurdo. La niña buscada por su madre desde hace años y la joven guanajuatense, a pesar de poseer el mismo nombre, tienen distinto apellido paterno (Díaz y Luna). Tal parece que ambos gobiernos ni siquiera se tomaron la molestia de realizar una investigación previa antes de proceder correctamente.
 
E incluso, la Procuraduría General de la República publicó un comunicado el 20 de abril en el que se afirma:  
 
“La menor de edad, que había sido sustraída ilegalmente de su familia, era reclamada por uno de sus progenitores que reside en los Estados Unidos, por lo cual con el apoyo de la Dirección de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores-, se procedió conforme al Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores”.
 
El gobierno de Estados Unidos por su parte, argumentó que, el haber confiado en las instituciones mexicanas era muy arriesgado y que procedían en rescate de una menor estadounidense arrebatada de su madre. Además, el Departamento de Estado de E.U, en conferencia de prensa, nunca reveló el motivo por el cual permitieron que Alondra entrara al país sin pasaporte ni VISA.
 
 
 
Cierto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos puede solicitar la colaboración de otros gobiernos para localizar a una menor de edad y buscar una solución para lograr la repatriación de alguien sustaído ilegalmente.
 
Sin embargo, no a costa de quebrantar  las leyes, tanto por parte de México como de Estados Unidos. En este caso se pasaron por alto, además de las leyes, los Derechos Humanos con los que cuenta la joven y sus familiares.
 
La SRE ha guardado silencio. La PGR ha guardado silencio. La Interpol ha guardado silencio. Nadie sale a dar la cara por los agravios a Alondra y su familia. ¿Entonces, quién lo hará por esta ineficacia tan grande?
 
Epílogo
 
Y por si todo esto fuera poco para el querido lector, recientemente se dio a conocer que el PAN se acercó a Alondra, tras su regreso a Guanajuato, para invitarla al mitín “Ruta hacia la Victoria” en favor de los candidatos de este partido: la candidata a la alcaldía Ruth Lugo; la candidata a diputada federal por el distrito 04, Raquel Barajas y el candidato a una diputación local, Alejandro Navarro.
 
 
Se encontraba en este evento, Josefina Vázquez Mota, ex candidata del PAN a la Presidencia de la República, en donde afirmó que escribiría  un libro sobre el caso Alondra, además de que el partido se ofreció para pagar su interrumpida fiesta de XV años.
 
¿Acaso hay una muestra de cinismo más grande que ésta? Está más claro que éste, es un caso de oportunismo político del PAN para conseguir más votos en esta entidad. y fortalecer su presencia.
 
Total, son tiempos electorales, y para ellos, nada más importante que lograr aumentar el número en las urnas a como de lugar, aún a costa de aprovecharse del  trágico caso de Alondra y el evidente error del gobierno actual. 
 
El dolor y la tristeza de esta niña usado descaradamente como campaña para conseguir más votos. ¿Qué sigue? Cuanto me dueles México…
 
Video del momento en que sacan a Alondra de la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz: 
 

Días de combate 

Son tiempos electorales en el país. El próximo 7 de junio se elegirá a un total de  2159 cargos de elección popular en todo el país. Son 10 los partidos políticos que  estarán compitiendo por cargos de toda índole. En estas elecciones, se competirá desde, 993 alcaldías y 641 diputaciones locales en 16 y 17 estados de la república, respectivamente, hasta las 16 delegaciones del Distrito Federal, 9 gubernaturas y la renovación total de la Cámara de Diputados, es decir, 500 nuevas caras.
 
 
Y como ya es costumbre, es también la época de golpes bajos. En un intento por conseguir más adeptos y votantes, los diversos partidos políticos se atacan y destrozan constantemente entre sí.
 
Desde el inicio de las campañas, el domingo 5 de abril,  día y noche hemos escuchado el constante bombardeo incesante partidista por parte de los medios de comunicación. ¿Por dónde empezar?
 
Por un lado, el PAN, realiza un spot sobre César Camacho, presidente  nacional del PRI, y  su gusto por los relojes excesivamente caros, valuados, como presume el spot, de más de dos millones de pesos. Además, hubo otro en el que se le cuestionaba a la gente sobre su opinión acerca de los 200 invitados que llevó Peña Nieto a su visita de Estado en Inglaterra.
 
 
 
El contra ataque del PRI no se hizo esperar. El partido tricolor sacó un spot titulado “Ya sabemos cómo son” en el que se exhibe al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y la construcción de una presa en su rancho “Pozo Nuevo”, haciendo uso indebido de aguas federales. Se mencionan además los famosos “moches” (mordidas) y las fiestas con sexoservidoras que organizan sus militantes.
 
 
¿Y qué decir de las excesivas multas de más de 90 millones de pesos al Partido Verde por las evidentes violaciones a la ley electoral y la compra de votos por medio de Tarjetas Platino (que sirve para comprar algunos artículos de despensa en determinadas tiendas), kits escolares, entre otros.
 
 
Por supuesto, no pueden faltar los spots  del PRD o Morena, en donde constantemente hacen alusión a como el país ha sido constantemente entregado a la inversión privada, tratando a cada miembro del gobierno como traidor a la patria.
 
 
Cada uno de los spots, multas y prohibiciones mencionadas en este  espacio, han sido censurados por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) por violar la ley electoral y ser contraria a la propaganda genérica permitida en las campañas electorales.
 
Realmente, no estamos viendo nada nuevo. El INE intenta inútilmente sancionar a los partidos políticos sin ver verdaderos resultados sobre una contienda limpia que no esté constantemente sancionada por spots que sólo tienen la finalidad de desprestigiar a otro.
 
Ante todo, vemos una gran cantidad de hipocresía por todas partes. Llámese PRI, PAN, PRD, Morena o cualquier otro, inician siempre una campaña con la finalidad de calumniar y denunciar, pero cuando  se ejerce hacia sus mismos candidatos, piden inmediatamente retirar spots y aplicar sanciones.
 
Lo que verdaderamente  necesita la gente es una serie de campañas que presenten contenidos propositivos y de calidad. Dicho en otras palabras, enfocarse en lo que se está ofreciendo en vez de atacar a los demás contendientes. ¿Cómo se supone que vamos a votar cuando por todas partes vemos agresión y denuncia en vez de propuestas?
 
Sin embargo, ésta es un arma de doble filo. El hecho de que los partidos y sus candidatos realicen una campaña positiva, tampoco no es sinónimo de confianza. Si hay algo que bien hacen los políticos es no cumplir. Entonces ¿Hacia dónde mirar? ¿Qué preferirá la gente? ¿Una campaña negativa, donde se denuncien los actos de corrupción de los candidatos (que muchas veces son verídicos) o una campaña positiva con propuestas inteligentes que casi nunca cumplen? 
 
Aún falta tiempo para el 7 de junio, esperemos ver que sucede en los siguientes meses.
 
Aquí, las campañas del PRI,PAN Y PRD:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lo que debes de saber sobre la Ley General de Aguas

 
La iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, aprobada por la Cámara de Diputados para su posterior discusión, ha causado mucha polémica por diversos puntos en los que, según diversos especialistas y ambientalistas, se está generando una privatización de este recurso por parte de grandes consorcios.
 
 
 
 
 
 
 
El dictamen sobre la nueva iniciativa de  ley, fue presentada por miembros de diversos partidos políticos, como el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, así como por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Asociación Nacional de Empresas de Agua Saneamiento (ANEAS). Entre algunos de los senadores que defienden esta propuesta se encuentra el senador priista Kamel Athie Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, quien insiste sobre la iniciativa completa sobre medidas de prevención, contaminación y sanciones que incluyen multas millonarias y suspensión definitiva de actividades.
 
 
Se agrega además que la Ley General de Bienes Nacionales y el Artículo 27 de la Constitución no se tocarán. Sin embargo, aquí están algunos temas que han  generado polémica por esta propuesta: 
 
  • Conceder a un particular el suministro de agua, afectaría a los sectores socioeconómicos más desfavorecidos de la sociedad mexicana, gracias al aumento de tarifas por el servicio.
  • Las concesiones para la explotación del agua por parte de las empresas puede ser hasta de 35 años, lo cual preocupa por los pocos límites que tiene el particular para extraer agua.
  • Traspasar agua de un manto acuífero de una cuenca o zona hacia otros territorios de la nación.
  • El aprovechamiento de los territorios por los que pasan los cuerpos de agua. Es decir, las empresas privadas tendrán facilidades para adquirir y hacer uso de los inmuebles (terrenos o propiedades) que favorezcan o intervengan en la extracción, mantenimiento y distribución del agua.
  • Dado que se puede hacer uso de los territorios por donde pasan los cuerpos de agua, se puede hacer uso de los recursos hídricos sin antes hacer una consulta con los dueños originales de los “recursos hídricos”, como algunas comunidades campesinas e indígenas.
 
 
 
Manlio Fabio Beltrones
 
Ante esto, diversas organizaciones han protestado en contra de la privatización del agua, tal como el Frente Auténtico del Campo (FAC), donde marcharon hacia Los Pinos, el 18 de marzo del presente año, un grupo compuesto de aproximadamente 20 mil personas para exigir el rechazo hacia esta nueva iniciativa.
 
 
Además de otras movilizaciones campesinas, como la Convención Nacional Campesina e Indígena, ha habido rechazo de esta iniciativa de San Lázaro por parte de diversas organizaciones como “Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y Desarrollo Social DECIDES, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa y La Parota.
 
Durante una conferencia realizada en la Universidad Iberoamericana el 19 de marzo de este año, Alejandra Rabasa, directora del Programa Interamericano del Environmental Law Institute, mencionó que “Se sigue legislando como si el agua fuera solamente un recurso de consumo humano, lo que es un error terrible, pues es un bien ecológico y cultural que no es considerado así en esta iniciativa”.
 
 
La iniciativa de la Ley General de Aguas, ha sido postergada y “congelada” de momento en el Senado para su posterior discusión y posible aprobación. Manlio Fabio Beltrones, dirigente de la bancada priista, aseguró que se tomaran en cuenta las exigencias ciudadanas para tomar una decisión al respecto.
 

 

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